Oposición política, económica, y cultural. Ajuste económico. Juan José Dimas.

Oposición política, económica, y cultural. Ajuste económico. Juan José Dimas. Una reunión amena con la presencia de Diputados, Empresarios, Consumidores, Periodistas, todos alrededor de una mesa en la sala 2 del piso 2 del Anexo de Diputados. El tema de la convocatoria fue, que hacer frente a una obligación no escrita, que adquirió vida de norma jurídica sin haber sido emitida por el poder administrador –entiéndase Poder Ejecutivo-, ni por el poder legislativo –Congreso de la Nación-; una orden o coacción verbal, transmitida quizás por teléfono, quizás en persona, de la que no hay registro, cuya finalidad es disciplinar a los díscolos. Tácita elaboración, redacción, sanción, promulgación y difusión. Todo un trámite express. La prescripción aunque aceptada con amplio acatamiento involucra entre otros destinatarios a las Empresas de Medios de Comunicación, a las Asociaciones de Consumidores, principalmente. Como señaló un orador la fuente a la que hay que atribuirle la emisión del rumor transformado en obligación jurídica es el miedo a una represalia. La percepción alcanzó el 100 % de efectividad. Unánime coincidencia entre emisor y destinatario. Y el miedo se reflejó en la ausencia abrumadora de los afectados, situación que motivó la propuesta de un diputado de ir a visitar a los ausentes. Excelente regulador de conducta, al establecer cómo se debe actuar y sancionar el comportamiento que se aleja de dichas pautas. Pronto, al menos en un horizonte de medio tiempo, los trabajadores de medios de comunicación verán que sobre sus cabezas baja el lazo que apretará sus gargantas. Pronto se vendrá el ajuste en las cuentas privadas de las empresas de medio de comunicación. Genial excusa para realizar recortes en la planta de personal. Al respecto el representante del diario Clarín advirtió que están elaborando un plan de retiro voluntario. Rumor, miedo, incertidumbre, acatamiento, plazo indefinido, combinación eficiente para reglar la convivencia y conveniencia de los actores involucrados. Todos tienen en claro que significa una restricción al derecho de expresión, de difundir y acceder a la información. Se trata de una considerable suma de dinero que los anunciantes – empresarios, comerciantes, industrializadotes, distribuidores, etc.- dejan de realizar y que según los presentes les afecta en forma directa a la ecuación económica financiera del emprendimiento. Pero también hay que señalar como lo hace la Cámara Argentina de Anunciantes que la publicación en gráfica –diarios y revistas- fue sustituida por un incremento de la comunicación en Internet, marketing directo y vía pública de proximidad. Además la Cámara Argentina de Anunciantes, afirma que no recibió de parte de sus socios ninguna queja o reclamo sobre limitaciones a sus derechos de pautar en los diversos medios. Para algunos está en juego la viabilidad del sistema democrático porque obstaculiza la difusión de los discursos políticos alternativos, disidentes, opositores al gobierno. Sin embargo sería la primera vez, al menos en Argentina que la norma jurídica de la cual sabemos prescribe conductas y advierte las sanciones por incumplimiento tiene amplio acatamiento. Todo un éxito teniendo en cuenta la inclinación a vulnerar la Ley, por omisión o comisión. El tiempo dirá si la valoración fue acertada, y que incidencia tuvo en el las elecciones a realizarse en Argentina, considerando que la convocatoria la realizaron legisladores preocupados por llegar a la gente con su discurso. Electorado a seducir, sensibilizar y concienciar.